ESTATUTO AUTONÓMICO DE VOCACIÓN DICTATORIAL Y DIVISIONISTA

* Se advierte que los cívicos están desesperados por convencer que el pensamiento político de los habitantes de Santa Cruz fue y es monolítico, así empobrecen la historia y quieren congelar la realidad negando derecho a la discrepancia

* El estatuto autonómico de Santa cruz tiene graves dificultades para su debate y aceptación consciente, primero porque fue elaborado al margen de la gente y sus organizaciones

* La llamada "socialización" es un show de entrega de los estatutos sin debate ni análisis

* El camino de división de Bolivia avanza con el estatuto cívico y el MAS es incapaz de ponerle freno

 (ASC-Noticias) 13-Marzo-08

Por Julio Figueroa               [e-mail]

El preámbulo del documento denominado "Estatuto Autonómico de Santa Cruz" es un justificativo de los cívicos para aplicar la autonomía protestando lealtad a las formas de gobierno adoptadas por los españoles en la época colonial y también en la llamada lucha de los patriotas por autonomía. Esta era entendida como independencia y culminó con la formación de Bolivia en 1825.

El concepto de autonomía en la época de la colonia era ese, de independencia y no de descentralización que es relativamente nuevo, desde el referéndum de la época de los 30, y que volvió a cobrar fuerza en el gobierno de Goni. El Libertador Simón Bolívar, en función de la creación de una gran república latinoamericana, se opuso al federalismo en la Gran Colombia, término alternativo para no decir autonomía que en esos años se usaba como sinónimo de independencia. Ellos pedían autonomía ante la corona española y en los hechos eso se concretó como independencia.

Cívicos fuerzan los argumentos para hacer pasar estatuto como democrático.

El Estatuto sostiene que el departamento de Santa Cruz tendría que ser autónomo como expresión de la "identidad histórica" y por "vocación democrática y autonómica". Pero el conjunto de la sociedad cruceña no estuvo estática a lo largo de la historia como se podía creer y en torno a una identidad que se quiere crear caprichosamente como justificativo para todo. Santa Cruz cambió, aunque de forma lenta por su aislamiento. Ningún pueblo tiene una identidad constante, los pueblos siempre cambian al enfrentar sus necesidades que solucionan de forma peculiar o copiando. Sus deseos de "ser" no son más que construcciones que corresponden a intereses de clase y por eso, según sea el momento histórico, aparece uno u otro planteamiento sobre cómo conducir sus destinos.

Se advierte que los cívicos están desesperados por convencer que el pensamiento político de los habitantes de Santa Cruz fue y es monolítico, así empobrecen la historia y quieren congelar la realidad negando derecho a la discrepancia. A esa orden responden por ejemplo las últimas declaraciones de un ex izquierdista, Reymi Ferreira (vicerrector de la UAGRM y candidato a rector de esa casa de estudios), que asegura que "por encima de nuestras filiaciones de izquierda o derecha está Santa Cruz". Eso es ideología verticalista, totalitaria, fascista. A los cívicos, les asusta la diversidad ideológica y también la diversidad cultural, siendo que una y otra son normales más aún cuando se dan condiciones de atraso económico y hay aportes migratorios en diversas partes del departamento, existiendo otras formas de ser y entender y también otras propuestas políticas.

El estatuto dice que todas las poblaciones surgidas en el territorio que hoy es Santa Cruz siempre buscaron manejar sus gobiernos guiados por el planteamiento autonómico lo que es una arbitrariedad porque habían y hay diferentes componentes interrelacionados e incluso enfrentados. El deseo de autonomía de los criollos era un deseo de independencia distinto al de los indígenas. Se pretende sorprender a los cruceños con arbitrariedades de los autores del estatuto que interpolan sus ambiciones de clase y las adjudican a todo el pueblo. Así viejos y nuevos politiqueros neoliberales, con deshonestidad intelectual, aparecen como cívicos para reciclarse levantando banderas regionales forzadas para mantener y ampliar su poder que está en peligro.

Decir que se busca la autonomía porque hay una "vocación democrática" es un lirismo vacuo que no encuentra asidero en la realidad porque echando una mirada a la historia de la política boliviana, luego de muchos ensayos fallidos intentando supuestamente levantar un régimen de gobierno democrático, se advierte que sólo se habla de democracia como argumento para encubrir ambiciones y nada más, y lo más notable es que ahora con esa "vocación" se llenan la boca los herederos políticos de las dictaduras y conspiradores legendarios. Los acontecimientos que hoy se dan en Bolivia, la aprobación arbitraria e ilegal de nuevos cuerpos de ley, gritan a todo pulmón que no hay democracia, que las condiciones materiales para que prospere la democracia aún no han surgido y que seguiremos así. ¡No nos mientan! Los distintos personajes políticos de la historia, nacidos aquí o allá, de tez blanca o morena, que condujeron los destinos del país no han generado frutos democráticos sino dictaduras y tiranías de diverso jaez principalmente al servicio de los ricos locales y los poderosos de afuera, las trasnacionales. En repetidas ocasiones quien se sienta en el palacio de gobierno desconoce y pisotea a los otros poderes imponiendo un régimen de gobierno y una serie de leyes para explotar y oprimir a la mayoría tratando de arrinconar a la oposición. Evo no es la excepción pero sus opositores tampoco.

Y lo más grave es que hay muchos ejemplos de intolerancia y vocación dictatorial en las propias instituciones representativas de la sociedad cruceña. Para ser dirigente de la COD, Edwin Fernández, el testaferro dirigente vinculado a las logias, usó la violencia de jóvenes alquilados de la Unión Juvenil. Cualquier dirigente vecinal es desconocido y echado del Comité Cívico porque no es de la línea de Rodolfo Landivar, eterno dirigente puesto por las logias. El Prefecto Costas y los cívicos, a punta de palo y amenaza siembran el miedo y acallan a sus opositores, sosteniendo una mini-dictadura. Cada día se repite el "todos somos iguales ante la ley" pero la realidad es distinta, los de abajo, los trabajadores son víctimas de la dictadura y la desigualdad, por ejemplo en la empresa, donde el dueño desconoce la libertad de organizarse que tiene el trabajador para reclamar por sus reivindicaciones.

Y la cereza que adorna la torta de la arbitrariedad, es que unos autonombrados, sin ningún control ni vigilancia (habrá que decir en gran medida porque los masistas se lavaron las manos demostrando incapacidad y sectarismo), dizque por ser representantes elegidos por voto pero para otras funciones, elaboran y aprueban un Estatuto ultra y lo levantan como si fuera el tótem de la autonomía. Un prefecto, un Consejo Departamental nombrado a dedo por las cúpulas municipales, sobrepasando el límite de sus atribuciones, convocan a referéndum violentando el espíritu de tal instrumento  y la Corte Departamental Electoral se brinda a seguirles el juego, no en nombre de la justicia, sino por estar "con Santa Cruz". Pero qué ¡vocación democrática! ¡Cómo se respeta la legalidad! Más bien parece que hay un concurso sobre quién viola más la legalidad y gana el que lo hace de forma más disimulada.

El estatuto autonómico de Santa cruz tiene graves dificultades para su debate y aceptación consciente, primero porque fue elaborado al margen de la gente y sus organizaciones. Delmar Méndez, consejero departamental y funcionario de COTAS, cooperativa de teléfonos controlada por las logias, repite día y noche que cerca de 56 organizaciones fueron consultadas pero no dice que éstas o en su mayoría están burocratizadas, que la relación con la base no existe o es una relación prebendal, o son organizaciones fantasmas; la presencia de direcciones prologieras a su cabeza las hace, en otros casos, completamente sumisas. A esto hacen pasar por democracia. En segundo lugar está la falta de espacio y tradición para el debate. Los que debaten en Santa Cruz son los mismos y sólo entre ellos, es decir los cívicos y algún vendeambaibas en debates arreglados y ridículos. La llamada "socialización" es un show de entrega de los estatutos sin debate ni análisis.

En Santa Cruz no importa que se debata el estatuto y a qué conclusión se llegue, somos herederos de la tradición boliviana, por ello con las llamadas autonomías no hay miras de ampliación de la democracia sino de permanencia de la tiranía y en el caso cruceño ejercida de forma más enérgica debido a la menor amplitud geográfica, la pobreza ideológica, los miedos y la caducidad histórica de la clase empresarial que espera concentrar más beneficios. El estatuto incorpora una serie de carnadas para hacer picar a los incautos para que voten pero luego será sólo un papel más y la voluntad tiránica del que ostente el poder será omnímoda.

Como prueba de cuán arbitraria es la elaboración del famoso estatuto, se da el caso del reclamo hecho por docentes de la UAGRM que observaron la flagrante vulneración de la autonomía universitaria en que incurre un artículo del estatuto en cuestión, integrando a universidades privadas y estatales en un consejo para definir las políticas de la educación superior. A eso, de manera oficiosa desde la Prefectura respondieron asegurando que la palabra "pública" se habría deslizado por error en el estatuto y que ya fue modificado. Los cambios en el estatuto son igual de arbitrarios que los realizados en el proyecto de constitución elaborado en Oruro.

Las autonomías forzadas, un peligro inminente.

La pretensión del movimiento cívico empresarial es manejar de manera absoluta el aparato del Estado en el departamento de Santa Cruz. Para ellos, cachorros de la politiquería, el problema está en apoderarse de las instituciones y no en el tipo de política a aplicar para resolver los problemas. Ese es el fondo mezquino de la actual disputa con el gobierno central que no se detiene en el daño que hace a la unidad del país. Así el camino de división de Bolivia avanza con el estatuto cívico y el MAS es incapaz de ponerle freno.

La clase gobernante históricamente ha fracasado. Unos y otros usaron el país como prenda para enriquecerse a cambio de grandes préstamos y la entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales. El aparato productivo nacional diminuto no tiene miras de potenciarse a la altura necesaria, de ahí la debilidad de los gobernantes y la burguesía, ambos con vocación de sirvientes del imperialismo. Los cívicos y el MAS, neoliberales abiertos o disimulados, dicen que la solución es seguir esperando las bondades del capital extranjero, pero lo real es que esos capitales llegan para saquear y explotar Bolivia. Cambiando la forma de administrar el país no solucionará sus problemas de fondo, las autonomías serán un parche y en un país empobrecido y con un Estado debilitado, serán otro fracaso.

Bolivia no es España o Estados Unidos o Argentina o Brasil como suelen usar de ejemplo los cívicos para demostrar la supuesta viabilidad de las autonomías. Bolivia es un país con una situación geopolítica muy precaria, rodeado de países desesperados de poseer sus potenciales riquezas y muy débil para defenderlas. La historia enseña las desmembraciones sufridas a manos de todos los países vecinos. España no tiene ese problema. Bolivia es un país que arrastra una pobreza crónica y ciertos analistas dicen que es un Estado fallido que debe desaparecer este siglo. España se desarrolla con cierta pujanza por el momento gracias al impulso recibido por su incorporación a la Comunidad Europea y no por las autonomías, y éstas más bien se tornan cada día más problemáticas porque alimentan peligrosas tendencias centrífugas.

El Estado boliviano es tan débil que apenas controla su territorio, la autoridad no existe en grandes espacios, principalmente de sus amplias fronteras. Su debilidad se agravó luego de aplicarse el neoliberalismo porque achicó al Estado y lo hizo raquítico, y por eso prosperan las actitudes de franca rebelión y desconocimiento del gobierno central, algo peligroso y repetitivo para la estabilidad como país. Los linchamientos para hacer justicia son un síntoma de esa debilidad. Las avanzadas de extranjeros en las fronteras es otro, como en la época del Acre, hay ciudadanos brasileños disimuladamente van tomando control de territorio avanzando en el mapa y con la complicidad de las autoridades. Hay asentamientos de ciudadanos brasileños cerca a Puerto Suarez, Arroyo Concepción, San Ramón, que compran tierras mediante palos blancos porque es ilegal, pero hasta ahora el Estado no ejerce verdadera soberanía. Los grandes productores de soya brasileños ocupan importantes zonas en el departamento. En Cobija se sabe que ciudadanos brasileños pasan la frontera como Pedro por su casa y se denuncia que refuerzan las manifestaciones dirigidas por el Prefecto Fernández reclamando autonomía.

Para darle vigor a su autonomía, los cívicos cruceños, influyendo con su discurso autonomista y racista, han influido sobre los departamentos del Norte, considerados por la oligarquía cruceña como su espacio natural, su colonia. Ellos han impulsado el nacimiento de organizaciones cívicas en Pando y Beni imitando al intolerante y racista Comité Cívico cruceño, y luego han reproducido los lugares comunes del planteamiento de autonomía, pero lo más increíble es que éstas zonas son de poco desarrollo económico, con actividades productivas muy escasas, cuyo interés por la autonomía es forzado porque no corresponde a su grado de desarrollo y que debía merecer más bien la exigencia de una intervención más profunda del Estado, sin la cual serán zonas que terminarán en la inanición, lo que se ha notado cabalmente con los últimos desastres, donde la capacidad del departamento del Beni colapsó frente a las inundaciones. La clase gobernante cruceña, ¨la pujante¨, ¨la progresista¨, arrastra así a estas regiones a la debacle porque con la autonomía, pese a los discursos de solidaridad, la tendencia de cada región será a aislarse debilitando la unidad nacional y permitiendo que Bolivia esté más débil ante los poderosos países vecinos.

El Estatuto  inicia la franca división del Estado.

Como en realidad el planteamiento autonomista es muy reciente y el debate ha sido muy pobre, se busca sorprender a la población con discursos zalameros y altisonantes fortalecidos por los medios de comunicación empresarial con posiciones discriminatorias y chauvinistas para que la gente no pueda pensar y se deje arrastrar al bullicio y el pensamiento único. No se entiende que la autonomía, si de alguna forma puede implantarse, es cuando el Estado cede sus prerrogativas o parte de su soberanía, a través de la fijación de competencias para que las ejerzan los departamentos. No es que éstos se toman las prerrogativas que les dé la gana porque entonces, aunque no se quiera decir, se desconoce al Estado y surge otro paralelo. Actualmente la figura se asemeja al del hijo que se apodera de los bienes del padre achacoso y obliga al resto de la familia a repartirse la casa arrinconando al padre en un cuarto, les ofrece la libertad de hacer cada uno lo que quiera aunque sea mutilando la casa paterna.

Desde 1825 cuando surgió el Estado boliviano, los distintos gobiernos han asumido todo el poder político, que fue dividido por áreas normadas específicamente y repartidas a una jerarquía de autoridades, a esto se le llama competencias, asuntos en los que tienen potestad los nombrados por ley que, para ejecutar sus políticas, a lo largo del tiempo se han puesto en pie organizaciones, ampliando, fusionando o cerrando distintas instituciones a fin de dirigir las distintas actividades del país. Es así que hoy el poder está divido en muchas competencias, aunque habrá que hacer notar que por la chatura política e incapacidad de los gobernantes normalmente se vuelven fuentes de pegas para su engorde, cada uno a su turno.

Con el estatuto autonómico los cívicos cruceños buscan hacerse cargo de un poder casi absoluto (legislar, reglamentar y ejecutar) en 41 áreas o materias a nivel departamental como por ejemplo Educación, Industria, Relaciones Laborales, etc. En otras 10 áreas o materias dicen que van a compartir el poder con el Estado nacional (pero proponen legislar, reglamentar y ejecutar) y corresponden al manejo de recursos naturales renovables y no renovables y otros, aquí es seguro que las diversas autoridades se darán cabeza con cabeza.

Luego en otras 11 materias se ejecutarían las leyes del Estado nacional, aquí por ejemplo estarían Registro Civil, Bancos, etc., pero bajo una reglamentación local. Con estos datos recogidos del último Estatuto se observa que buscan concentrar más del 70% de poder y el 30% restante compartirlo con el Estado nacional.

Algunos cívicos desesperados y francos afirman actualmente que ya no quieren autonomía sino federalismo. El propio autor del estatuto, Juan Carlos Urenda, afirma que es un estatuto radical, casi federalista, todo lo que nos indica que nos hallamos ante una verdadera rebelión contra el Estado y el avance de medidas de hecho disfrazadas de legales para forzar el rompimiento definitivo.

Como para darse certificado de buena conducta, los cívicos han insertado un primer artículo en su Estatuto asegurando que la autonomía garantizará la unidad del país. El papel aguanta todo pero no es suficiente afirmar algo para que sea cierto. Quién puede garantizar la unidad del país, ¿la voluntad de los cívicos o tal vez la del gobierno? ¡No! Es la lucha del conjunto de la sociedad, de las masas, frente a quienes intentan dividirnos que puede garantizar la unidad y ahora esta sólo puede ser detrás de una política diferente, antiimperialista y antiburguesa, porque estamos viendo más bien que los dueños del país, históricamente fracasados, finalmente se han dado por vencidos y están más preocupados en el botín del Estado que en defender la  unidad. Por otro lado la unidad está en riesgo ante la decisión del imperialismo de dividir Bolivia porque ya resulta demasiado incomoda para sus planes, ese imperialismo al que se someten los dueños de Bolivia y aparecen de aliados y socios.

El estatuto desconoce la centralización de la actividad educativa, proclamando amplias capacidades a nivel departamental incluso la definición de políticas, lo que significa que habrá varias políticas educativas en el país. Así sólo se está dando la puñalada mortal a la unidad de Bolivia, porque la educación es una argamasa ideológica que en manos del Estado sirve para forjar la unidad.

El "Gobernador" firmará "Tratados Internacionales", quiere decir que las relaciones internacionales no estarán sujetas a un poder centralizado y único y veremos entonces que Bolivia será el hazmerreir de los países vecinos que podrán escoger qué parte del país será más barata o de cuál se apoderarán.

El Estatuto asigna al departamento la capacidad del Estado Central de fijar impuestos, de tal manera que surgirán entre los departamentos diferencias de impuestos provocando competencia entre ellos para atraer o alejar ciertos intereses económicos, y prácticamente la posibilidad de la unidad a través de un poderoso mercado interno se cerrará porque se feudalizará el país.

Es racista porque su actitud hacia los grupos indígenas es paternalista y además desconoce la existencia de los derechos de grupos no oriundos de Santa Cruz, de su cultura, lengua, tradiciones. Es una forma de proponerse el control y neutralización de poblaciones que han demostrado su hostilidad a la forma de actuar de los cívicos truhanes. También en el plano de la justicia y policía, el estatuto plasma la actitud que ahora ostentan los cívicos que creen estar por encima de la ley, la policía local servirá para proteger a los privilegiados y perseguir sañudamente a los de abajo. Mientras que el poder judicial aparece como supremo y total, es la apoteosis de las logias que ya controlan el foro.

La cuestión Tierra es la parte medular del estatuto porque desconoce el poder del Estado central para otorgar títulos y reconocer derechos, y responde a la tremenda desesperación de seguir negociando con tierras, en gran medida arrendadas a extranjeros que se ha tornado en la verdadera actividad económica de los llamados empresarios productivos cruceños.